Moción en conmemoración del 14 de abril: en defensa de la memoria de quienes defendieron la legalidad republicana (mayo 08)
| 25 Mayo 2010
La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en su sesión de 20 de noviembre de 2002, aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos cinco proposiciones no de Ley en cuya declaración, en su apartado tercero, se afirma: “El Congreso de los Diputados reafirma, una vez mas, el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron victimas de la Guerra Civil Española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Instamos a que se apoye institucionalmente cualquier iniciativa, promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local”.
Asimismo, el 7 de febrero de 2006, el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una proposición de ley para que el año 2006 fuese declarado Año de la Memoria Histórica, en reconocimiento de la II República Española como antecedente de la Constitución de 1978 y en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. En este marco, se celebraron en todo el país cientos de actos públicos, encuentros culturales y manifestaciones de conmemoración de la II República.
Setenta y siete años después de la proclamación de la II República Española, el carácter universal de los valores propugnados por ésta sigue impregnando el quehacer diario de este país: libertad, democracia, igualdad, solidaridad… valores que son un legado atribuible a todos aquellos hombres y mujeres que desde el convencimiento democrático apoyaron la llegada del sistema republicano fruto de los resultados de las elecciones municipales del 12 de abril del 31.
Frente al oscurantismo y la represión que supuso la dictadura franquista, la Republica ha sido tradicionalmente la encarnación de la lucha por la democracia, las libertades, los derechos económicos y sociales, o el autogobierno para nacionalidades y regiones. El sevillano Antonio Machado, que participo activamente desde su compromiso en la proclamación de la republica el 14 de abril de 1936, escribía en un articulo publicado en 1937 acerca de la trascendencia de la proclamación del nuevo sistema político: “Fue un día profundamente alegre –muchos que ya éramos viejos no recordábamos otro mas alegre-, un día maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños. La República había venido por sus cabales, de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones…Desde aquel día –no sé si vivido o soñado- hasta el día de hoy, en que vivimos demasiado despiertos y nada soñadores, han transcurrido seis años repletos de realidades…yo los resumiría con unas pocas palabras. Unos cuantos hombres honrados tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la Historia, que es el del porvenir…”.
Hoy, casi ocho décadas después de la proclamación de la República, las iniciativas políticas de vanguardia desplegadas por los gobiernos republicanos siguen siendo referencia irremediable para muchos y muchas de quienes tienen responsabilidad de gobierno en este país. Los derechos sociales plasmados en la Constitución de 1931, la búsqueda de respuestas a la articulación territorial de España, la separación efectiva de poderes en una República constituida por trabajadores de toda clase, los avances legislativos que situaban a España por delante de muchos países europeos, a través de la difusión universal de la educación y la cultura, la decidida apuesta por la investigación científica y la preocupación constante en materia de fiscalidad, son hitos atribuibles a todos aquellos hombres y mujeres demócratas que creyeron en una España justa.
El golpe de Estado fascista de 18 de julio de 1936 supuso el fin de las esperanzas depositadas en los nuevos instrumentos legales constitucionales y democráticos. El golpe de Estado, que pretendía ser fulminante, chocó sin embargo con la resistencia de la República y el conjunto del pueblo, y los golpistas prolongaron su acción violenta durante tres años de cruenta guerra civil que culminaron con la derrota de la democracia.
A las decenas de miles de muertes provocadas por la guerra siguió una larga y cruenta represión, que golpeó a concejales, alcaldes y diputados, así como al conjunto de los republicanos y republicanas con la muerte, la cárcel, la humillación y el exilio. Nuestro propio pueblo ha sufrido en sus vecinos las crueldades de la guerra, aquí en este mismo Ayuntamiento tenemos una placa conmemorativa de 42 personas ejecutadas a sangre fría, sin ni siquiera haber puesto resistencia a los golpistas.
El exterminio de los vencidos y vencidas respondía no sólo a la venganza desencadenada por una guerra, sino a una férrea voluntad de imponer una estrecha y concreta concepción de la España de los vencedores, en la que no cabían vencidos. No se trato simplemente de castigar o de demostrar quienes eran los que mandaban, sino de “doblegar y transformar a estos seres”.
Han transcurrido setenta y siete años desde que se izara la bandera republicana en la ciudad de Eibar, perdurando en nuestra vida cotidiana multitud de referencias al régimen del general Franco y sus protagonistas en el nomenclátor de nuestro callejero y en el conjunto de nuestros espacios públicos, lo que resulta contrario a nuestro actual ordenamiento jurídico. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, eleva a rango normativo algo tan consustancial a cualquier sociedad democrática como es evitar “toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio”.
Incluso la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha condenado “con firmeza las múltiples y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidos en España por el régimen franquista de 1939 a 1975”, solicitando al Consejo de Ministros de la Unión Europea “que proclame una declaración oficial de condena internacional del régimen de Franco en el 70 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la guerra civil en España”.
La ley 52/2007 de 26 de diciembre recoge en su articulo 15.1 que las administraciones publicas “en el ejercicio de sus competencias tomaran las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas publicas”. Por otra parte, el artículo 15.2 establece que “El Gobierno colaborara con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catalogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior”.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes- Convocatoria por Andalucía propone al Pleno de este Ayuntamiento de Tomares la adopción del siguiente
ACUERDO
Primero: Instar a defender la memoria –viva en tantas generaciones– de los valores republicanos, rechazando las maniobras que pretenden denigrar la realidad de lo que fue la II República.
Segundo: Ahondar en la aplicación del articulado recogido en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, en especial a lo relativo a la retirada en todo nuestro termino municipal de cualquier tipo de monumento que ensalce el régimen franquista o a sus figuras representativas, o que incluya símbolos de la pasada dictadura.
Tercero: Propiciar, desde la Administración Local, los elementos que sean expresión del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a la recuperación de su memoria personal y familiar y que proclame la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia producidas por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil.
Cuarto: Promover la colaboración entre las administraciones e instituciones centrales, autonómicas y locales, para la realización de actos de homenaje a las victimas del régimen franquista y a quienes defendieron la legalidad del gobierno de la II Republica Española
