Moción en apoyo a las Asociaciones de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo

Escrito por Web Master | 03 Mayo 2010

El pasado 30 de abril presentamos una moción para que nuestro Ayuntamiento se posicionara y manifestara su respeto y su apoyo a todas aquellas personas que trabajan porque la memoria de las víctimas del franquismo no quede en el olvido. Nos pareció necesario visto el ataque desmesurado que el proceso de memoria histórica está sufriendo. De este modo, nuestro ayuntamiento tendria la posibilidad de mostrar su apoyo a las víctimas del franquismo y a las asociaciones de memoria histórica, del mismo modo que podría condenar todo aquel ataque o insulto a este procedimiento de justicia.

La moción fue aprobada por unanimidad de los miembros presentes de la corpración.

Por el reconocimiento, reparación y justicia para las víctimas de la dictadura y sus familiares.

En reconocimiento y respeto por la labor de las Asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos en Abril, el mes del año que, probablemente, pueda ser el llamado mes de la “Memoria Histórica”. Un mes lleno de conmemoraciones, de tristes recuerdos, de esperanzas… pero también es un mes de reivindicaciones.

Llevamos más de 30 años de democracia, de una democracia que siguió a 40 años de una represiva dictadura con el peso de miles de personas muertas y desaparecidas sobre sus espaldas. 30 años después, tenemos que observar, con asombro, que las reivindicaciones de las víctimas y sus familiares, siguen siendo las mismas, no se ha avanzado nada.

Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos del franquismo, nuestra ley de la “memoria histórica” es un despropósito falto de interés o ambición alguno. El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España no sigue las pautas marcadas ni por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas. En nuestro país, lo que debería ser una obligación administrativa, un compromiso por la justicia y el resarcimiento de las victimas de la represión y sus familiares, se convierte en una simple invitación a que los particulares o asociaciones, actúen en el marco de sus posibilidades.

Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una investigación oficial, efectiva e independiente, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos y desaparecidas.

Las víctimas de la guerra y de la posterior represión franquista de los años treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, y sus familiares, se han venido encontrando con el muro de silencio que nació del pacto entre élites de la transición, como dique de contención a la exigencia de responsabilidades a los culpables del genocidio y del expolio económico que supuso el triunfo de Franco. La ley de punto final perdonaba a los represores, bendecía la jurisdicción represiva de la dictadura, dejaba intacto su aparato represor, y santificaba la estructura de poder político y económico, levantada por una banda armada sobre la destrucción de los valores de una democracia como fue la República.

Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho, España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, con cerca de 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas a lo que hay que sumar el indeterminado número de niños robados por la dictadura.

A pesar de las dificultades, las Asociaciones de Memoria Histórica han trabajado dentro de sus posibilidades y dentro de los espacios legales que les han ido dejando. Estas asociaciones buscan justicia, resarcimiento y consuelo. Luchan porque sus familiares desaparecidos sean localizados, y puedan llorarlos o recordarlos donde merecen. Quieren saber qué fue de ellos y ellas, quieren también que los culpables de aquellas crueldades sean recordados como lo que fueron, y dejen de ser honrados por una ley de cómodo olvido.

Se sigue cometiendo una injusticia con las víctimas, desaparecidas sin procedimientos ni garantías judiciales. Es inadmisible que sigan sin reconocimiento jurídico y político. Se ha demostrado que la Ley de Memoria Histórica no ha servido para poner fin a esta situación. 30 años después, el procedimiento de recuperación de la Memoria Histórica está siendo torpedeado, con más virulencia que nunca, por sectores que no entendemos qué tienen que temer, qué tienen que ocultar o qué tienen que defender. La nuestra se supone que es una democracia firme, asentada, por lo que no entendemos todas las resistencias que se ponen a aquellas personas que quieren investigar, conocer qué pasó a sus seres queridos y pedir justicia. Seguimos sin entender por qué este país, que se lanza a condenar tajantemente toda dictadura extranjera e investigar desapariciones forzadas y crímenes políticos fuera de nuestras fronteras, aquí teme condenar un largo régimen totalitario y represivo, bajo las excusas, absurdas, de “la rotura de la convivencia” o “ya hubo una ley de amnistía”. Nuestra democracia no puede permitir esta situación y que se siga igualando a represores y represaliados, en una injusticia que ya se alarga demasiado en el tiempo.

Como hemos dicho, nuestro Estado no sólo no asume sus responsabilidades de reparación y justicia, si no que es connivente con el bombardeo que sigue este proceso de recuperación de la memoria histórica. El circo mediático y político que se ha montado tiene su máxima expresión en que un grupúsculo de extrema derecha como Falange vaya a llevar a los tribunales una causa que afecta a personas de todo color político, pues la represión afectó a muchos y muchas demócratas y a familiares de estos que, en la actualidad, pueden situarse en cualquier opción política. El triste espectáculo del que estamos siendo testigos está dando protagonismo a personas y entidades que ni lo merecen ni lo deben tener, atacando a la dignidad de una causa de justicia, de la que los únicos protagonistas deben ser las víctimas y sus familiares, que sólo buscan un poco de reconocimiento, justicia y consuelo. Por lo tanto, para estas personas y estas asociaciones vamos a pedir RESPETO.

Dicho todo esto, el grupo municipal de IU en Tomares, propone al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Tomares la adopción de los siguientes acuerdos:

1. 1. El Ayuntamiento de Tomares manifiesta su respeto y su reconocimiento por la labor realizada por las Asociaciones de Recuperación de la Memoría Histórica y de Victimas del Franquismo, en su trabajo por la localización de desaparecidos y desaparecidas, y su exigencia de resarcimiento y justicia para con las víctimas.

2. 2. El Ayuntamiento de Tomares manifiesta su repulsa contra cualquier ataque o intento de desprestigio de la labor de estas Asociaciones.

3. 3. El Ayuntamiento de Tomares solicita la creación de mecanismo administrativo o judicial efectivo, al amparo de la Ley de Memoria Histórica, que garantice a los familiares de desaparecidos y desaparecidas, la investigación y localización de estas personas con todas las garantías y de acuerdo con el Derecho internacional contemporáneo.

4. 4. Trasladar este acuerdo a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Tomares, a la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, al Parlamento Andaluz y al Congreso de los Diputados.